Google
 

06 febrero 2007

La información privilegiada campa por la bolsa española

Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Gas Natural sobre Endesa: en las dos jornadas previas al anuncio de la operación, las acciones de la eléctrica subieron un 10,5%. Contraopa de E.ON: en las tres sesiones anteriores, la empresa presidida por Manuel Pizarro subió más del 5%. OPA de Reyal sobre Urbis: en los cuatro días previos las acciones repuntaron un 9,4%. Oferta sobre Fadesa: subida en una sola jornada del 10,6% antes del anuncio de la operación. Anuncio de ACS de orden de compra sobre Iberdrola, previamente en esa sesión las acciones suben un 2,9%... La historia se repite una y otra vez. Cada anuncio de una operación corporativa en la Bolsa española suele ir precedido de sospechosas revalorizaciones de las acciones de las compañías implicadas.

El último ejemplo lo vimos el pasado día 19. Durante esa jornada las inmobiliarias Inmocaral y Riofisa protagonizaron una revalorización del 11,7% y 5%, respectivamente, en medio de una fuerte negociación. Fue al cierre del mercado cuando la inmobiliaria presidida por Luis Portillo anunció una OPA sobre su competidora. De inmediato, la sombra de la sospecha se extendió por todo el mercado. Todo indicaba que algunos privilegiados inversores, conocedores de la operación se habían lanzado a comprar acciones de las empresas del ladrillo antes del anuncio oficial, con el objetivo de obtener una fácil y rápida plusvalía.

La información privilegiada campa a sus anchas por la Bolsa española en los últimos años, coincidiendo con las grandes operaciones y los máximos históricos del Ibex, sin que la CNMV haya detectado ningún caso. Esta situación es especialmente paradójica porque el propio Conthe ha intentado desde el principio mostrarse ante el mercado como un regulador implacable.

Aunque la CNMV no ha logrado detectar las filtraciones de información privilegiada, su presidente sí ha querido ser especialmente escrupuloso con la prensa. Intentó, sin éxito, que las empresas le comunicasen, con al menos dos horas de antelación, las reuniones que mantenían con analistas y periodistas, incluyendo lugar, fecha y hora. Al final, Conthe tuvo que desistir de estas estrictas medidas, expuestas en un borrador, ante el rechazo de las empresas y la prensa.

Desde la CNMV se reconoce que es muy difícil demostrar la utilización de información privilegiada. Este lunes, Conthe informará detalladamente de una serie de medidas para frenar las prácticas de insider trading en el mercado español. La iniciativa ya tiene nombre: Plan contra el Abuso de Mercado (PAM), y pretende encauzar un esfuerzo por parte de todos los colectivos que intervienen en los mercados.

El PAM se someterá a consulta pública, a lo largo del mes de febrero, y una vez concluido el proceso se elaborará el documento definitivo. Según fuentes del mercado, entre las medidas que puede acometer Conthe estaría la obligación de que las empresas hagan pública las decisiones y operaciones al cierre de mercado y que se reduzcan lo más posible el número de iniciados, o personas que conoce las mismas.

Difícil tarea. En los movimientos corporativos intervienen los consejos de administración de las compañías implicadas, los bancos que asesoran la operación, los bufetes de abogados, los brokers o intermediarios... Según fuentes del mercado, una OPA antes de ser anunciada oficialmente puede ser conocida, en mayor o menor medida, por unas 40 personas. Demasiados potenciales sospechosos a los que seguir.

«La lucha contra el uso de información privilegiada es una difícil empresa. El pez grande sabe cómo actuar, nunca va a intervenir por cuenta propia, utilizará otras vías. A los únicos que se termina pescando es al novio de la secretaria. Es decir, a inversores pequeños e inexpertos», señaló en el año 2000 el entonces presidente de la CNMV, Juan Fernández-Armesto, cuando, en medio de la burbuja tecnológica, también topó con posibles casos de uso de información privilegiada que nunca fueron demostrados. De hecho, según fuentes del mercado, en los últimos 10 años, en Europa son casi inexistentes las sanciones por información privilegiada a inversores institucionales.