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22 junio 2007

La Eurocámara vuelve a censurar los abusos urbanísticos que se producen en España

El Parlamento Europeo reiteró este jueves su denuncia a los supuestos abusos de la construcción en España, particularmente en la Comunidad Valenciana y la "costa mediterránea", y alertó de la indefensión que sufren residentes españoles y europeos.

El pleno adoptó, por 327 votos a favor, 222 en contra y 35 abstenciones, una resolución que condena "los proyectos de urbanización masivos" que no responden a "necesidades reales" de las poblaciones y tienen "efectos desastrosos" medioambientales, históricos y culturales. El texto ha sido impulsado por el laborista británico Cashman, y suscrito también por los españoles Joan Calabuig y Carlos Carnero (PSOE), David Hammerstein (Los Verdes) y Willy Meyer (IU).

En el debate previo, celebrado el pasado martes, el eurodiputado del PP, Carlos Iturgaiz, rechazó el documento al considerar que "invade competencias" de las autoridades españolas y que las mayorías absolutas conseguidas por su partido en los comicios autonómicos de Madrid y Valencia deslegitiman las críticas.

La resolución parte de la visita que dos eurodiputados, el propio Cashman y el conservador polaco Marcin Libicki, realizaron en marzo a municipios de Madrid, la Comunidad Valenciana y Almería, para investigar denuncias urbanísticas, en gran parte procedentes de ciudadanos europeos residentes en España.

Lamenta los daños ambientales y culturales de los planes urbanísticos, pero se centra en la situación de indefensión que estarían sufriendo ciudadanos españoles y europeos que invierten en proyectos ilegales sin saberlo o que ven peligrar sus pequeñas propiedades engullidas por grandes promociones. Así, advierte de que la obligación de ceder tales propiedades "sin un proceso y una compensación adecuada", o la de pagar "costes arbitrarios" por infraestructuras comunes, constituye una "violación de los derechos fundamentales".

Deplora "la aprobación tácita por algunos ayuntamientos"

Sostiene que estas prácticas están "extendidas en varias comunidades autónomas en España, en particular la valenciana y otras partes de la costa mediterránea, pero también, por ejemplo, en Madrid". Y deplora "la aprobación tácita por algunos ayuntamientos" de proyectos que después son declarados ilegales en perjuicio de los "ciudadanos europeos" que han invertido en ellos de "buena fe".

El texto urge a las autoridades autonómicas y estatales, así como a la Comisión y al Consejo de la UE, a actuar para corregir tales abusos.

La Comisión Europea prevé denunciar el próximo miércoles la Ley Urbanística Valenciana (LUV) ante el Tribunal de Justicia de la UE por entender que incumple la Directiva sobre contrataciones públicas.

La Eurocámara cuestionó, sin citar a ninguna comunidad, "los métodos de designación y poderes a menudo excesivos que ciertas autoridades municipales otorgan a urbanizadores y promotores", y denunció que, en ocasiones, estos "interfieren" sobre el registro de propiedades para debilitar a los pequeños propietarios

La resolución recomienda a las autoridades españolas que prevean mecanismos de arbitraje para este tipo de litigios y subraya que, cuando sean necesarias, las compensaciones deberán tener un montante adecuado tal como lo define la jurisprudencia europea. Además, pide que la actuación de la Comisión no se ciña al área de las licitaciones, sino que evalúe también el cumplimiento de las normativas ambientales, del agua y consumo.

En diciembre de 2005, el Parlamento Europeo aprobó, por 550 votos a favor, 45 en contra y 25 abstenciones, un informe en el que alertaba de las irregularidades del urbanismo español a raíz de las cerca de 15.000 quejas recibidas contra la, entonces vigentes, Ley Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU).


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