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27 junio 2007

Repsol comunica a la SEC una reducción de sus reservas de crudo del 9,1% en 2006

Se repite la pesadilla. La petrolera, como hizo el año pasado a raíz del episodio de nacionalización de Bolivia, ha vuelto a reducir el nivel de sus reservas demostrables de crudo. Repsol YPF ha declarado ante el regulador del mercado estadounidense (SEC, Securities and Exchange Commission) unas reservas probadas en 2006 de 1.059 millones de barriles de crudo, lo que supone un descenso del 9,1% con respecto a 2005.

La compañía presidida por Antonio Brufau registró hoy el formulario '20-F' ante el regulador, en el que repasa su actividad en 2005 y 2006. Este documento fue revisado en marzo por la SEC sin requerir modificaciones ni correcciones sobre el documento, según informó el mes pasado la propia Repsol.

En el informe, Repsol YPF explica que el 91,7% de sus reservas probadas se encuentran en países de Iberoamérica, y advierte de que "algunos de ellos podrían ser política o económicamente poco estables".

Por este motivo, considera que las reservas en los países en desarrollo "podrían estar sujetas a riesgos", entre ellos los relacionados con el aumento de impuestos y cánones, el establecimiento de límites a la producción y a la exportación, la renegociación de contratos, la nacionalización de activos, cambios políticos a nivel local, retrasos en pagos o, incluso, "impagos en operaciones provocados por acciones de grupos insurgentes".

Repsol YPF afirma que el cálculo de sus reservas ha sido estimado conforme a los criterios de la SEC. El resultado puede registrar variación conforme a las pruebas de exploración y otros factores como los relacionados con adquisiciones y ventas.

Además, relaciona el volumen de las reservas con el comportamiento de los precios del crudo en los mercados internacionales. "Un descenso en el precio del crudo y del gas podría hacer que las reservas dejen de ser económicamente viables para su explotación", advierte.

El formulario viene acompañado de los informes de supervisión de cinco auditoras, que son Deloitte, Pricewaterhousecoopers, Gaffney Cline, Ryder Scott y Degolyer and Macnaughton, así como de una carta de Brufau y de otros directivos de la compañía en la que se da fe de la veracidad de la documentación aportada.


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