Botín afronta el día 23 su última oportunidad para librarse del caso de las cesiones de crédito

Para el presidente del Santander se solicita un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros, además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros, que es el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública. Las mismas penas de prisión, multas y responsabilidad civil se solicitan para Echenique, Uclés y Alonso Clavel.

Durante los años 1988 y 1989, el Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables, mediante la comercialización de un producto destinado a captar esa cuantiosa bolsa de dinero que circulaba fuera de los cauces legales, a cuyos dueños se aseguraba que iba a seguir siendo tan ‘negro’ como antes. De modo que, además de una alta rentabilidad y la falta de retención fiscal de los rendimientos, el banco ofrecía un plus de opacidad concretado en que Hacienda iba a seguir sin tener la menor noticia de la existencia de esos dineros, puesto que garantizaba a los clientes que nunca entregaría al Fisco la identidad de los titulares efectivos de las operaciones.

El caso es que el Santander consiguió concertar, en un tiempo récord, 42.274 cesiones de crédito por un valor total de 432.965 millones de pesetas, cantidades que en buena parte estaban depositados en otras entidades bancarias, y que obviamente sufrieron los efectos de esta competencia desleal.

Cuando el banco fue requerido por la Agencia Tributaria para que facilitara el nombre de los titulares de las operaciones respectivas, el propio Santander ofreció a esos clientes realizar falsos cambios de titularidad en las cesiones de crédito ya formalizadas, proporcionando así a la Hacienda Pública identidades falsas como titulares efectivos de las operaciones.