No es 'tarifa G-4' todo lo que reluce

La Comisión Europea (CE) ha abierto una investigación por ayudas de Estado en el sector eléctrico contra el Gobierno español, el pasado 25 de enero, que puede tener importantes repercusiones tanto para el futuro como para el pasado del sector. La CE ha publicado en su página web, www.europa.eu, un comunicado sobre el contenido de la investigación. Aunque los detalles de este procedimiento se conocerán una vez que se publiquen en el Diario de Oficial de la UE, y a diferencia de lo que se ha venido manifestando, creo que con la debida cautela es interesante analizar en profundidad la comunicación.

La investigación sobre ayudas de Estado se basa principalmente en dos pilares. Por un lado, la fijación por parte del Gobierno de tarifas eléctricas por debajo del coste real del mercado de la electricidad, que provoca el conocido déficit de tarifa. Y por otro lado, el beneficio que a corto plazo estas tarifas aportan a toda la industria española, así como la ventaja competitiva que la financiación y compensación del déficit asociado pudiese suponer a ciertas empresas eléctricas. Todo ello, incurriendo en clara discriminación respecto a las otras empresas eléctricas: los nuevos entrantes comercializadores.

Respecto a la fijación de tarifas por debajo del coste real para toda la industria, es comprensible que el debate se haya focalizado en el efecto que las tarifas no domésticas, por tanto, no sólo la tarifa G-4 sino muchas más (unas 70.000 de clientes industriales en alta tensión y 1.000.000 en baja tensión) tienen en el déficit de tarifa. A mi juicio, esto está motivado no tanto por el hecho de que estas tarifas estén subvencionadas y se fijen por debajo de costes, sino porque al manifestarse un déficit de tarifa (typical spanish), son estos clientes quienes a corto plazo más se benefician de que las tarifas no cubran costes, y se genere un déficit tarifario.

Además, la existencia de déficits de tarifa altera la competitividad que estos grandes consumidores españoles soportan en relación con sus homólogos de la Unión Europea, lo cual afecta claramente al comercio intracomunitario.

No obstante lo anterior, sería equivocado responsabilizar del déficit tarifario a estos grandes clientes, ya que como es bien sabido, el déficit de 2005 y de 2006 ha afectado a todos los consumidores, y como tal, es incompatible con el correcto funcionamiento del mercado eléctrico.

Dudo mucho que la propia CE haya obviado este aspecto dentro del análisis de la situación del sector eléctrico en España, y por lo tanto considero que centrar todo el debate sobre la tarifa G-4 y las de los grandes consumidores es una simplificación que se está haciendo en España y que puede restar claridad de ideas para abordar el problema del déficit de tarifa en su justa dimensión.

Respecto al beneficio que dichas tarifas suponen a la industria española así como las ventajas a las empresas eléctricas, hay que destacar que la posible ayuda de Estado encubierta en el déficit de tarifa legitima la desaparición de la competencia, hecho ocurrido en 2005 y 2006. En varias ocasiones he recordado la incompatibilidad del mecanismo de financiación y compensación de déficits con las directivas y las normas del Tratado. Ahora es la propia Comisión Europea la que lo afirma. Por esta razón, más que nunca, cobra importancia incidir sobre el hecho de que el déficit del sistema es la suma del déficit de tarifa y el déficit de comercialización.

La situación planteada por la CE es muy seria ya que podría traducirse en la devolución por parte de las compañías eléctricas de 3.800 millones de euros referidos a 2005, y cerca de 3.000 millones de euros cuando la CE también abra el procedimiento equivalente para 2006 (momento en el que el Gobierno legitime el importe). Sin embargo, esta incertidumbre sobre la devolución del importe ya percibido por el déficit (supuestamente ayuda de Estado) contrasta con el hecho de que los perceptores de estas compensaciones ya hayan aparentemente cedido y titulizado estos derechos.

Agrava la situación el hecho de que ni el Gobierno ha aprobado los reales decretos que regulan dicha cesión a entidades financieras ni la Comisión Nacional de Energía (CNE) ha publicado la liquidación definitiva del mencionado importe para el 2005.

El alcance de la investigación de la Comisión Europea no se limita a la G-4, va más allá. Y origina posibles implicaciones muy importantes para el futuro del sector eléctrico español.

Enrique Giménez Sainz de la Maza Director General de Centrica Energía