Varapalo judicial a los sacamantecas de la SGAE

Ricardo Alameda es el dueño de la Sala Beat de Tomelloso. La SGAE mandó detectives a su local y a finales de 2005 le reclamó en el juzgado 2.391,08 euros por realizar "actos de comunicación pública" sin su autorización, algo prohibido, según la Ley de Propiedad Intelectual. Ricardo se niega a darles ni un céntimo. Y el juez le da la razón.

La Sociedad General de Autores alega que la mera existencia de un reproductor ya le da derecho a recaudar. El dueño del bar comenzó a luchar por lo que creía una injusticia, ya que la entidad le reclamaba 120 euros al mes por los derechos de autor de las obras que pone.

El magistrado del Juzgado de Instrucción 4 de Ciudad Real, Antonio Mejía Rivera, admite que no se puede pedir a la entidad de gestión que pruebe que "todas y cada una de las obras musicales utilizadas en establecimientos abiertos al público están dentro de su repertorio", pero sí "que aporte alguna prueba".

El juez añade que la SGAE sólo aportó el informe del detective en el que se afirma que "la música que suena es de actualidad sin hacer ninguna precisión".

Por todo, el pasado septiembre, en una sentencia pionera, el juez consideró acreditado que "en la Sala Beat de Tomelloso no se comunican, emiten o transmiten obras gestionadas por la SGAE, sino, por el contrario, obras musicales de los años cincuenta y sesenta, hoy sólo en soporte vinilo, que se hallan fuera de los establecimientos habituales de comercialización y no son difundidas por programas de radio y/o televisión de difusión general"; absolvió a Ricardo y obligó a la SGAE a pagar las costas.